Impuesto a las inmobiliarias 5%

La idea del minuto, según el Mercurio, es que cada nuevo proyecto inmobiliario destine un 5% de su suelo a vivienda social, o que aporte el equivalente en plata al MINVU. Ya hablé alguna vez de las buenas intenciones que hay tras algunas acciones del Estado que sin embargo no son tan buenas como iniciativas económicas, y esta es un nuevo ejemplo. Es posible que un esquema de ese tipo contribuya a producir integración social, a pesar de que algunos creen que los pobres venderán sus casas en suelo caro para poder licuar ese activo y redistribuirlo de otra manera. No veo tan claro ese efecto, porque lo más probable es que aunque los suelos vecinos sean caros, los valores dentro del “sector” social caerán a valores de mercado para ese tipo de viviendas. El mejor ejemplo es Lo Barnechea: con los precios de La Dehesa ya debieran haber desaparecido esas poblaciones, pero muestran bastante menos movilidad de la que algunos esperan (a pesar de que sí la hay, sobre todo en base a arriendos). Por otro lado, cuando la delincuencia va en aumento no hay buen respaldo para generar “capital social” que permita esa integración. El miedo no hace caso de razones, ni de estadísticas. Si se promueve la integración territorial por la fuerza tendremos la desintegración por el lado de los condominios con paredes altas, tipo Santuario del Valle. No creo en las integraciones por decreto.
Por otro lado, más allá de si el resultado es algún tipo de beneficio por el lado de la integración, la pregunta es porqué el costo de esa inversión (aún con externalidad positiva) lo van a asumir únicamente las familias que adquieran viviendas, las inmobiliarias y los propietarios originales de los terrenos. (Nuevamente, algunos creen que lo harán sólo las familias, pero hasta la Cámara de la Construcción en sus estudios contempla la posibilidad de que la elasticidad de oferta no sea infinita (aunque lo hacen en un apartado, igual vale), por lo que algo cargarán los productores y sus proveedores). Si es cierto que hay una externalidad positiva en la integración (yo creo que sí), y asumiendo que esta política la indujera (aunque creo que no), no se ve el sentido de distorsionar el mercado de las viviendas nuevas con un impuesto específico para lograr un proyecto de carácter nacional. El subsidio a la localización es la herramienta que el Ministerio ha creado para ese efecto y su financiamiento debiera ser con fondos nacionales (a pesar de que tampoco soy muy hincha de esa medida como expliqué en un post anterior).
La discusión respecto a que la actividad inmobiliaria utilice como insumo un bien que algunos podrían interpretar como “destinado a toda la humanidad” ya está zanjada por el hecho de que ese mismo bien ya tiene una carga específica, que son las contribuciones (a pesar de que lo verdadero sería que el cobro fuera a la Henry George, sólo sobre el valor no mejorado de la tierra), por lo que tampoco explica por qué seguir cargando al mercado inmobiliario con esa responsabilidad.
Finalmente, y para ser ecuánimes, no debemos olvidar que el sector inmobiliario sí tiene un beneficio tributario por el lado del IVA, y un segundo por el lado de que los créditos hipotecarios de vivienda son deducibles de la base tributable para las personas naturales (no así los gastos de salud y educación… como si no fueran influyentes en la posibilidad de generar renta). Tal vez lo más viable desde un punto de vista político sería que se eliminara el beneficio del IVA y con esa plata se mejore el financiamiento de subsidios de vivienda. Así no creamos nuevas distorsiones, corregimos una que ya existe y se generan recursos para financiar la inversión con externalidad positiva. Me dirán que eso lo paga la clase media, y responderé que eso es falso: el dinero es fungible y los recursos necesarios para financiar el erario nacional que no se están recaudando de parte de la clase media que tiene el beneficio tributario los están pagando los más pobres con un IVA más alto que el que se requeriría si no existiera ese beneficio.